El Departamento de Justicia estadounidense informó que Zambada García, de 76 años y originario de Sinaloa, también deberá entregar 15 mil millones de dólares considerados ganancias obtenidas por actividades de narcotráfico.

Según la acusación de las autoridades estadounidenses, “El Mayo” fue uno de los principales líderes del Cártel de Sinaloa, organización señalada por el tráfico de grandes cantidades de drogas como fentanilo, cocaína y otros estupefacientes hacia Estados Unidos.

El expediente sostiene que, durante años, la estructura criminal utilizó violencia, amenazas y asesinatos para proteger sus operaciones y mantener el control de sus negocios ilegales. Las autoridades estadounidenses señalaron que el capo también estuvo relacionado con redes de corrupción y lavado de dinero que permitieron el crecimiento del cártel.

La historia de Zambada García dentro del mundo criminal comenzó desde los primeros años del Cártel de Sinaloa y terminó tras su arresto en julio de 2024. Durante ese tiempo, de acuerdo con el Departamento de Justicia, la organización pasó de operar principalmente con cocaína a ampliar sus actividades hacia otras sustancias, incluyendo fentanilo.

El gobierno estadounidense calificó la sentencia como un golpe contra uno de los líderes históricos del narcotráfico y aseguró que continuará persiguiendo a otros integrantes de organizaciones criminales.

Después de años de moverse entre sombras, negociar alianzas y mantenerse fuera del alcance de las autoridades, “El Mayo” recibió la última jugada de un partido que parecía eterno: una condena de por vida y una cuenta millonaria que ya no podrá disfrutar.

El nombre que durante décadas estuvo asociado al poder del Cártel de Sinaloa ahora queda ligado a una celda federal y al cierre de uno de los capítulos más largos del narcotráfico mexicano.

Co-Founder of the Sinaloa Cartel, Ismael “El Mayo” Zambada Garcia Sentenced to Life in Prison and Ordered to Forfeit $15 Billion in Drug Trafficking Profits

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De acuerdo con el informe de la Fiscalía Especial en Investigación de Delitos contra los Derechos de Autor y la Propiedad Industrial, en lo que va de 2026 se han asegurado más de 9 millones de artículos “pirata”, frente a los poco más de 259 mil decomisados en el mismo periodo de 2025. Esto representa un aumento cercano al 3,500 por ciento.

El trabajo operativo ha estado a cargo de áreas especializadas dentro de la FGR, que también reportan avances en materia judicial. En lo que va del año, se han cumplido la mayoría de las órdenes de aprehensión relacionadas con estos delitos y se han logrado diversas vinculaciones a proceso por la venta, distribución e introducción de productos falsificados al país.

La autoridad federal señaló que este tipo de mercancía no solo afecta a empresas y creadores, sino que también puede representar un riesgo directo para los consumidores, especialmente cuando se trata de productos de uso cotidiano como medicamentos, cigarros, bebidas, juguetes o artículos personales.

Las acciones contra la piratería se han realizado en coordinación con autoridades de distintos niveles de gobierno, así como con instancias de seguridad cibernética y sectores vinculados a la industria del entretenimiento, con el objetivo de atacar tanto la distribución física como la digital.

En el marco del Día Mundial contra la Falsificación y la Piratería, la FGR reiteró que estas operaciones forman parte de una estrategia permanente para proteger la economía formal y la propiedad intelectual en el país.

También se recordó a la ciudadanía que existen canales oficiales para denunciar este tipo de delitos durante todo el año, con el fin de fortalecer las investigaciones y ampliar el alcance de las acciones contra la piratería.

Comunicado FGR 364/26

15 de junio, 2026 CDMX, Ciudad de México

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La medida busca que los morosos cumplan con lo que les toca. Ya no alcanza con intimaciones ni papeles, ahora el que debe se choca con la puerta de frente. Imagínate la escena: un tipo con juicio por alimentos llega al museo y el portero, con cara de “ni lo sueñes”, le cierra el paso hasta que regularice la deuda. La presión ahora es pública y visible.

Obviamente, esto ya levantó debate. Un sector aplaude: “Finalmente alguien hace que la plata hable donde antes solo hablaba el juez”, comenta una vecina de Palermo. Otros opinan que puede ser demasiado: “¿Y si la persona realmente no tiene para pagar?”, se quejan en redes. Y la ironía no falta: varios bromean que ahora hay que pensar dos veces antes de ir al cine si uno anda atrasado.

En el fondo, la movida es bien clara: que se note quién cumple y quién no. En la ciudad, la ley también se siente en la calle: entra quien paga, el que no… afuera. Punto. Nación y Ciudad quieren que los chicos vean su derecho cumplido y que los adultos paguen la cuota que les corresponde.

Así que la próxima vez que alguien con juicio por alimentos se acerque a un espacio público en Buenos Aires, la puerta puede ser la que decida si entra o no. La ley ya no es solo de jueces, ahora también la dicta el portero y la presión social.

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Todo viene de una recomendación de la CDHCM, que básicamente puso sobre la mesa algo incómodo: la investigación tuvo fallas desde el inicio. Fallas en la búsqueda, fallas en el seguimiento y, ya entrados en detalles, fallas en la identificación cuando el cuerpo del joven fue localizado sin vida en 2024.

Sí, tres años después de que se reportó su desaparición, el caso seguía atorado entre procesos, y cuando finalmente hubo hallazgo, la cosa no cerró bien: hubo errores para vincularlo con la denuncia original. Traducido al lenguaje callejero: se tardaron, se equivocaron y la familia quedó en medio de un limbo que nadie debería vivir.

La propia Fiscalía lo dijo sin rodeos elegantes: hubo deficiencias institucionales. Y no menores. Porque además el caso involucraba a una persona con discapacidad, lo que exigía —según los propios estándares— un enfoque más cuidadoso, más rápido y más humano. Pero no pasó así.

En el acto estuvieron los papás de Julio César, la CDHCM y representantes de colectivos que han visto demasiados casos similares como para sorprenderse, pero no para normalizarlo.

La Fiscalía intentó cerrar el episodio con un compromiso de “no repetición” y promesas de mejorar protocolos, coordinación y trato a víctimas. El discurso es el de siempre, pero el contexto no: aquí ya hay una familia que esperó años para tener algo parecido a una respuesta.

Y en el fondo queda lo que no se puede maquillar con comunicados: cuando el sistema falla en cadena, la palabra “justicia” llega tarde… si es que llega.

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De acuerdo con la información oficial, la mujer —reportada como desaparecida por un familiar— fue ubicada con vida tras la activación de los protocolos correspondientes. Nada de escenas de película, nada de operativo cinematográfico: investigación, rastreo y verificación directa por parte de autoridades.

El hallazgo no vino acompañado de una historia de crimen ni de violencia, según la propia versión de la Fiscalía. La joven fue localizada en un espacio donde recibía atención médica por decisión propia, y al ser entrevistada por personal de investigación, aseguró que su ausencia no obedeció a ningún delito.

Con eso, la autoridad cerró el expediente en clave de “todo en orden”, subrayando que no existió privación ilegal ni situación de riesgo durante el tiempo de no localización.

El procedimiento incluyó la activación de los mecanismos de búsqueda habituales en este tipo de reportes, con participación de personal ministerial y de investigación, además de la coordinación con áreas especializadas en personas desaparecidas.

El caso termina así en los archivos: una persona localizada con vida, sin indicios de delito y con la narrativa oficial inclinándose hacia la resolución administrativa más que al escándalo.

Pero en la calle, donde cada ficha de búsqueda pegada en postes cuenta otra historia, estos cierres nunca pasan tan silenciosos como en el boletín.

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