En San Lázaro no se anduvieron con rodeos. La presidenta de la Cámara de Diputados, Kenia López Rabadán, soltó una frase que cayó como piedra en charco político: mientras en México se exigían pruebas sobre presuntos vínculos entre políticos de Sinaloa y el crimen organizado, esas mismas pruebas —dice— ya estaban del otro lado del río Bravo, en manos de autoridades de Estados Unidos.
La legisladora panista reaccionó a la discusión que ha escalado en los últimos días entre el gobierno mexicano y Washington, en torno a una lista de funcionarios sinaloenses señalados por presuntos nexos con el narcotráfico. Entre ellos, nombres de alto perfil como el gobernador con licencia Rubén Rocha Moya y exfuncionarios de seguridad y finanzas del estado.
Según López Rabadán, el discurso de “muéstrenme pruebas” perdió fuerza cuando dos exsecretarios de Sinaloa habrían optado por entregarse a autoridades estadounidenses, en medio del torbellino de acusaciones. Para ella, ese movimiento no es casualidad, sino una señal de desconfianza en el sistema de justicia mexicano y un síntoma de algo más grande: una red de señalamientos que ya cruzó la frontera.
“Se pedían pruebas aquí… y las pruebas se fueron a entregar allá”, fue la idea que dejó en entrevista, en un contexto donde la narrativa política ya no se queda en declaraciones locales, sino que brinca directo a tribunales en Estados Unidos.
La diputada también enmarcó el caso como una división clara en la política mexicana: quienes enfrentan al crimen organizado y quienes, asegura, han permitido su avance o lo han tolerado desde el poder.
El caso ha encendido una nueva capa de tensión entre el oficialismo y la oposición, en un momento donde Sinaloa vuelve a colocarse en el centro del mapa político y de seguridad nacional, no solo por las acusaciones, sino por las consecuencias que estas empiezan a tener fuera del país.
Boletín No. 3927
No es el mismo tema, pero sí va por la misma línea:
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