El Departamento de Estado y el Tesoro de EE.UU. soltaron dos comunicados casi en sincronía donde apuntan directo a una red ligada al Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) por un negocio que crece más rápido que las gasolineras de carretera: el robo y contrabando de combustible.

Según lo que dijeron en Washington, el esquema no es nuevo ni improvisado. Es una maquinaria bien aceitada: robo de combustible en México, triangulación con empresas fachada, documentos inflados o falsos, y luego venta del producto como si fuera completamente legal. Todo eso, con un mismo objetivo: financiar al cartel.

Las autoridades estadounidenses ya no lo están viendo como “crimen común”. Lo están metiendo en la categoría de amenaza directa, incluso bajo marcos de seguridad tipo terrorismo, lo que abre la puerta a sanciones más pesadas, congelamiento de activos y bloqueo total del sistema financiero.

El punto que más encendió alertas en ambos comunicados es claro: el combustible robado ya se convirtió en una de las principales fuentes de dinero del crimen organizado en México, incluso por encima de otras economías ilegales en algunas regiones.

Y el flujo no es solo interno. El esquema cruza fronteras, usa empresas de transporte, intermediarios y cuentas bancarias para mover millones de dólares sin levantar sospechas… hasta ahora.

En el fondo, el mensaje de Washington es simple: el narco ya no solo trafica droga, también opera como corporativo energético paralelo.

Treasury Targets Criminal Facilitators Behind CJNG’s Cross‑Border Fuel Smuggling Schemes

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La madrugada de este viernes, los senadores le dieron luz verde a la creación de la llamada Comisión de Verificación de Integridad de Candidaturas, un nuevo filtro que va a revisar a quienes quieran competir por un cargo público antes de que siquiera lleguen al registro oficial ante el INE.

La idea, en papel, suena a limpieza profunda: evitar que lleguen perfiles con posibles vínculos con el crimen organizado o con historial turbio. En la práctica, será una mesa donde partidos políticos o aspirantes independientes tendrán que entregar listas de sus posibles candidatos para que sean “revisados” por una instancia que trabajará junto con áreas de seguridad, inteligencia y procuración de justicia.

La sesión en el Senado fue rápida, casi quirúrgica: se discutió, se votó y se aprobó en cuestión de minutos durante la madrugada, como si el tema no diera mucho margen para el debate largo.

El mecanismo no será obligatorio al 100% en todos los casos, pero sí abre la puerta a que los partidos decidan quién se somete o no a este análisis de riesgo. Y ojo: los resultados no serán públicos, sino que se quedarán en manos de las dirigencias partidistas.

En el fondo, lo que se cocina es un nuevo filtro político-electoral que intenta blindar las elecciones de perfiles incómodos, aunque también deja abiertas preguntas incómodas: quién decide qué es “riesgo”, con qué criterios y hasta dónde puede meterse el Estado en la selección de candidatos.

Mientras tanto, en el Senado lo venden como una herramienta para fortalecer la democracia. Afuera, la lectura es más cruda: una nueva aduana política donde todos entran… pero no todos salen con candidatura.

Respalda Senado de la República minuta para crear Comisión de Verificación de Integridad de Candidaturas

Publicado: 29 Mayo 2026

Número – 1469

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Un gran jurado en Washington, D.C. amplió la acusación en su contra, sumándole nuevos delitos a un expediente que ya venía cargado desde 2020.

Según el Departamento de Justicia, Flores Silva no solo estaba vinculado al tráfico de cocaína y heroína hacia Estados Unidos, sino que ahora también lo señalan por mover metanfetamina y por participar en una red para lavar dinero proveniente de esas operaciones.

Es decir, no era cualquier pieza: estaba metido tanto en el negocio como en la administración del dinero que lo sostenía.

La acusación también incluye cargos relacionados con armas de fuego, lo que refuerza la idea de que su rol dentro del CJNG no era menor, sino parte de una estructura que combina tráfico de drogas con capacidad operativa armada.

Todo esto se desprende de una acusación “sustitutiva”, o sea, una actualización del caso original que ahora llega más robusto, con más elementos y con un alcance más amplio sobre las actividades que presuntamente encabezaba o coordinaba.

El CJNG, señalado como una de las organizaciones criminales más activas en el tráfico de drogas hacia territorio estadounidense, vuelve a quedar en el centro de la estrategia de persecución federal, donde el objetivo no es solo detener operadores, sino desarmar la estructura completa desde arriba.

Por ahora, lo que queda claro es que el expediente contra “El Jardinero” ya no es cualquier carpeta: es un caso federal que lo pone frente a cargos por tráfico internacional de drogas, armas y lavado de dinero.

High-Ranking CJNG Leader Charged with Federal Drug Trafficking Conspiracy, Firearm Offenses, and Money Laundering Conspiracy

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La escena fue en Puebla, rodeada de mandos militares, autoridades locales y personal de la Fiscalía. Ahí no hubo titubeo: por más poder de fuego o de corrupción que tengan los grupos criminales, “nosotros somos más fuertes”, dijo. Y la frase se quedó flotando… pesada, directa, como para que nadie diga que faltó convicción.

Porque mientras adentro se hablaba de coordinación absoluta, comunicación constante y estrategias afinadas, el mensaje iba en ese tono institucional que apuesta todo a trabajar “en equipo”. Menos oficios, más cara a cara, más mesas de trabajo, más diagnósticos. En corto: que ahora sí se van a entender mejor.

Del lado del gobierno estatal, el coro no cambió mucho. Se habló de seguridad, de justicia, de mesas de paz y de que la coordinación entre Marina, Defensa, Guardia Nacional y policías es la clave. Que entre todos, ahora sí, se puede recuperar la tranquilidad.

Después vino el recorrido: oficinas, áreas de investigación, servicios periciales, agentes, personal administrativo. Saludos, pláticas, promesas de escuchar propuestas y mantener canales abiertos. El clásico “aquí estamos para mejorar”.

Y sí, en el papel suena bien armado: todos coordinados, todos comunicados, todos alineados.

Pero la frase que se llevaron fue esa: que el Estado es más fuerte que el crimen.

Una afirmación que, dicha desde la mesa de trabajo, retumba distinto cuando se cruza con la realidad que se vive allá afuera. Porque una cosa es lo que se dice en la reunión… y otra muy distinta lo que pasa en la calle.

Aun así, el mensaje quedó firme: la apuesta sigue siendo la misma. Más coordinación, más presencia y la certeza —al menos en discurso— de que el Estado no se va a doblar.

EL ESTADO MEXICANO ES MÁS FUERTE QUE LAS ORGANIZACIONES CRIMINALES: ERNESTINA GODOY

Comunicado FGR 242/26

07 de mayo, 2026 CDMX, Ciudad de México

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