EU destapa la red: gobernador, políticos y polis de Sinaloa acusados de trabajar “tiempo completo” con el Cártel
30/04/2026(traducción libre)
🇺🇸➡️🇲🇽 TRADUCCIÓN COMPLETA
Gobernador de Sinaloa y nueve funcionarios actuales y exfuncionarios mexicanos acusados de narcotráfico y delitos con armas
Miércoles 29 de abril de 2026
Para publicación inmediata
Fiscalía de Estados Unidos, Distrito Sur de Nueva York
Los acusados habrían conspirado con líderes del Cártel de Sinaloa para importar grandes cantidades de narcóticos a Estados Unidos a cambio de apoyo político y sobornos.
El Fiscal de los Estados Unidos para el Distrito Sur de Nueva York, Jay Clayton, y el Administrador de la Administración para el Control de Drogas de Estados Unidos (“DEA”), Terrance C. Cole, anunciaron hoy la apertura de una acusación formal (“indictment”) contra RUBÉN ROCHA MOYA, ENRIQUE INZUNZA CÁZAREZ, ENRIQUE DÍAZ VEGA, DÁMASO CASTRO ZAAVEDRA, MARCO ANTONIO ALMANZA ÁVILA, ALBERTO JORGE CONTRERAS NÚÑEZ, también conocido como “Cholo”, GERARDO MÉRIDA SÁNCHEZ, JOSÉ ANTONIO DIONISIO HIPÓLITO, también conocido como “Tornado”, JUAN DE DIOS GÁMEZ MENDÍVIL y JUAN VALENZUELA MILLÁN, también conocido como “Juanito”, por delitos de narcotráfico y delitos relacionados con armas de fuego.
MILLÁN también está acusado de delitos relacionados con su participación en secuestros de un informante de la DEA y de un familiar del informante, lo que resultó en la muerte de ambos.
Los acusados son todos funcionarios actuales o exfuncionarios de alto rango del gobierno o de cuerpos de seguridad en el estado mexicano de Sinaloa (“Sinaloa”), incluido el actual Gobernador de Sinaloa, RUBÉN ROCHA MOYA, y se les acusa de haber colaborado con el Cártel de Sinaloa para distribuir grandes cantidades de narcóticos hacia Estados Unidos. El caso fue asignado a la Jueza Federal de Distrito Katherine Polk Failla.
“El Cártel de Sinaloa es una organización criminal despiadada que ha inundado esta comunidad con drogas peligrosas durante décadas”, dijo el Fiscal de los Estados Unidos Jay Clayton. “Como deja en claro la acusación, el Cártel de Sinaloa y otras organizaciones de narcotráfico como esta no podrían operar con tanta libertad ni éxito sin políticos corruptos y funcionarios encargados de hacer cumplir la ley en su nómina. El apoyo de funcionarios extranjeros corruptos al tráfico mortal de drogas debe terminar. Que estos cargos envíen un mensaje claro a todos los funcionarios alrededor del mundo que trabajan con narcotraficantes: sin importar su título o posición, estamos comprometidos a llevarlos ante la justicia.”
“El Cártel de Sinaloa no solo trafica drogas mortales, es una organización terrorista designada que depende de la corrupción y el soborno para impulsar la violencia y las ganancias”, dijo el Administrador de la DEA Terrance C. Cole. “Esta acusación expone un esfuerzo deliberado para socavar instituciones públicas y poner en riesgo vidas estadounidenses. Los acusados habrían utilizado posiciones de confianza para proteger las operaciones del cártel, permitiendo una vía de entrada de drogas mortales a nuestro país. Nadie está por encima de la ley. Estamos agradecidos con nuestros socios en Estados Unidos y México que eligen la integridad todos los días y que nos apoyan para proteger a nuestras comunidades. Juntos, continuaremos aplicando presión sostenida contra el Cártel de Sinaloa y las redes que lo apoyan para proteger al pueblo estadounidense y salvar vidas.”
Según las alegaciones contenidas en la acusación, otros documentos judiciales y declaraciones hechas durante procedimientos judiciales:
El Cártel de Sinaloa (el “Cártel”) es una de las organizaciones criminales más violentas del mundo y ha transformado el estado mexicano de Sinaloa en el epicentro geográfico del tráfico mundial de narcóticos. Desde su base en Sinaloa, el Cártel ha trabajado con elementos criminales en todo el mundo —productores y distribuidores de cocaína en Colombia y Venezuela, traficantes de drogas y políticos corruptos en toda América Central y del Sur, y fabricantes de precursores químicos en China y otros lugares— para distribuir grandes cantidades de narcóticos hacia Estados Unidos y causar un daño severo a comunidades en todo este país. El Cártel también ha llevado a cabo violencia generalizada, incluyendo miles de asesinatos, en México y en otras partes del mundo, incluyendo Estados Unidos.
Para proteger y expandir este imperio de narcotráfico, el Cártel habría colaborado con políticos y funcionarios corruptos, incluidos los acusados, quienes habrían abusado de su autoridad en apoyo del Cártel, expuesto y sometido a víctimas a amenazas y violencia, y vendido sus cargos a cambio de sobornos masivos. De hecho, ciertos funcionarios policiales en México, incluyendo, según se alega, algunos de los acusados, han participado directamente en la violencia y represalias del Cártel, incluyendo asesinatos de enemigos del Cártel y secuestros de personas en México sospechosas de cooperar con las autoridades estadounidenses en esta investigación.
Los acusados en esta acusación son funcionarios actuales y exfuncionarios del gobierno o de seguridad en Sinaloa. Según se alega, cada uno de los acusados ha participado en una conspiración corrupta y violenta de narcotráfico con el Cártel para importar grandes cantidades de fentanilo, heroína, cocaína y metanfetamina desde México hacia Estados Unidos. Los acusados han desempeñado diversos roles esenciales para el Cártel: entre otras cosas, habrían protegido a líderes del Cártel de investigaciones, arrestos y procesos judiciales; hecho que información sensible de seguridad y militar fuera entregada a miembros del Cártel y narcotraficantes aliados para facilitar sus actividades criminales; dirigido a miembros de agencias estatales y locales de seguridad, como la Policía Estatal de Sinaloa, la Policía de Investigación de la Fiscalía General del Estado de Sinaloa y la Policía Municipal de Culiacán, para proteger cargamentos de droga almacenados o en tránsito hacia Estados Unidos; y permitido que violencia brutal relacionada con drogas fuera cometida por miembros del Cártel sin consecuencias. A cambio, los acusados habrían recibido colectivamente millones de dólares en dinero del narcotráfico.
Según se alega, los acusados han estado más estrechamente alineados con la facción del Cártel dirigida por los hijos de Joaquín Archivaldo Guzmán Loera, también conocido como “El Chapo”, el antiguo líder del Cártel, conocidos colectivamente como “Los Chapitos”. Los acusados habrían operado en todos los niveles del gobierno y de la seguridad en Sinaloa, y cada uno habría abusado de su posición de confianza y autoridad para facilitar las operaciones de los Chapitos. Por ejemplo, ROCHA MOYA fue elegido Gobernador de Sinaloa, cargo que ocupa desde aproximadamente el 1 de noviembre de 2021, después de que los Chapitos supuestamente lo ayudaran a ser electo mediante, entre otras cosas, el secuestro e intimidación de sus rivales. A cambio, tanto antes como después de convertirse en Gobernador, ROCHA MOYA habría asistido a reuniones con los Chapitos, en las cuales prometió protegerlos mientras distribuían grandes cantidades de drogas hacia Estados Unidos y, ya como Gobernador, habría permitido que operaran con impunidad en Sinaloa. De manera similar, los demás acusados habrían ayudado directamente y de forma reiterada a los Chapitos a cambio de sobornos masivos provenientes del narcotráfico. Por ejemplo, ZAAVEDRA, quien es el Subprocurador General de la Fiscalía General del Estado de Sinaloa, habría recibido aproximadamente 11,000 dólares mensuales de los Chapitos y, a cambio, habría protegido a miembros de los Chapitos de arrestos e informado a los Chapitos sobre operaciones de seguridad planeadas con apoyo de Estados Unidos.
Algunos de los acusados también habrían participado directamente en la campaña de violencia y represalias del Cártel. Por ejemplo, MILLÁN, un comandante de alto nivel en la Policía Municipal de Culiacán, habría recibido más de aproximadamente 1,600 dólares mensuales de los Chapitos. A cambio, MILLÁN habría dado a los Chapitos acceso irrestricto a la Policía Municipal de Culiacán y utilizado a agentes de dicha corporación para ayudar a los Chapitos a mantener su control sobre Culiacán, incluyendo arrestos, secuestros y asesinatos. Aproximadamente en octubre de 2023, MILLÁN habría ayudado a los Chapitos a secuestrar a un informante confidencial de la DEA y a un familiar del informante, quienes posteriormente habrían sido torturados y asesinados por los Chapitos, debido a que el informante era sospechoso de proporcionar información al gobierno en relación con esta investigación.
Esta acusación es la más reciente de una serie de acusaciones emitidas en este distrito desde 2023, que imputan a más de 30 miembros y asociados del Cártel, incluyendo miembros de su liderazgo, por su participación en la distribución de grandes cantidades de narcóticos hacia Estados Unidos y delitos relacionados, lo que ha tenido un impacto significativo en la interrupción de sus operaciones de narcotráfico.
Un cuadro con los cargos y las penas mínimas y máximas de cada acusado se incluye a continuación. Todos los acusados se cree que residen actualmente en México.
Las penas mínimas y máximas establecidas por la ley son fijadas por el Congreso y se proporcionan únicamente con fines informativos, ya que cualquier sentencia será determinada por un juez.
El Sr. Clayton elogió el trabajo de investigación de la DEA, sus oficinas en México y Phoenix, así como la asistencia del Departamento de Justicia y del Gobierno de México.
También agradeció a múltiples oficinas federales de Estados Unidos y a la Fuerza de Tarea de Seguridad Nacional, una colaboración interinstitucional dedicada a eliminar cárteles criminales y redes de tráfico.
Este caso está siendo manejado por la Unidad de Narcóticos Internacionales y Seguridad Nacional de la Fiscalía.
Los cargos contenidos en la acusación son únicamente alegaciones, y los acusados se presumen inocentes hasta que se demuestre lo contrario.
Governor Of Sinaloa And Nine Other Current And Former Mexican Officials Charged With Drug Trafficking And Weapons Offenses
United States Attorney for the Southern District of New York, Jay Clayton, and Administrator of the U.S. Drug Enforcement Administration (“DEA”), Terrance C. Cole, announced today the unsealing of an indictment charging RUBEN ROCHA MOYA, ENRIQUE INZUNZA CAZAREZ, ENRIQUE DIAZ VEGA, DAMASO CASTRO ZAAVEDRA, MARCO ANTONIO ALMANZA AVILES, ALBERTO JORGE CONTRERAS NUNEZ, a/k/a “Cholo,” GERARDO MERIDA SANCHEZ, JOSE ANTONIO DIONISIO HIPOLITO, a/k/a “Tornado,” JUAN DE DIOS GAMEZ MENDIVIL, and JUAN VALENZUELA MILLAN, a/k/a “Juanito,” with drug trafficking and related weapons offenses. MILLAN is additionally charged with offenses related to his participation in kidnappings of a DEA source and the source’s relative that resulted in their deaths. The defendants are all current or former high-ranking government and law enforcement officials in the Mexican State of Sinaloa (“Sinaloa”), including the current Governor of Sinaloa, RUBEN ROCHA MOYA, and are alleged to have partnered with the Sinaloa Cartel to distribute massive quantities of narcotics to the United States. The case is assigned to U.S. District Judge Katherine Polk Failla.
“The Sinaloa Cartel is a ruthless criminal organization that has flooded this community with dangerous drugs for decades,” said U.S. Attorney Jay Clayton. “As the indictment lays bare, the Sinaloa Cartel, and other drug trafficking organizations like it, would not operate as freely or successfully without corrupt politicians and law enforcement officials on their payroll. The support of corrupt foreign officials for deadly trafficking of drugs must end. Let these charges send a clear message to all officials around the globe who work with narco-traffickers: no matter your title or position, we are committed to bringing you to justice.”
“The Sinaloa Cartel is not just trafficking deadly drugs, it is a designated terrorist organization that relies on corruption and bribery to drive violence and profit,” said DEA Administrator Terrance Cole. “This indictment exposes a deliberate effort to undermine public institutions and put American lives at risk. The defendants allegedly used positions of trust to protect cartel operations, enabling a pipeline of deadly drugs into our country. No one is above the law. We are grateful for our U.S. and Mexican partners who choose integrity every day and stand with us to safeguard our communities. Together, we will continue to apply sustained pressure against the Sinaloa Cartel and the networks that support it to protect the American people and save lives.”
According to the allegations contained in the Indictment, other court filings, and statements made during court proceedings:[1]
The Sinaloa Cartel (the “Cartel”) is one of the most violent criminal organizations in the world and has transformed the Mexican State of Sinaloa into the geographic epicenter of the global narcotics trade. From its home base in Sinaloa, the Cartel has worked with criminal elements around the world—cocaine producers and distributors in Colombia and Venezuela, drug traffickers and corrupt politicians throughout Central and South America, and precursor chemical manufacturers in China and elsewhere—to distribute massive quantities of narcotics into the United States and inflict severe damage on communities throughout this country. The Cartel has also carried out rampant violence, including thousands of murders, throughout Mexico and elsewhere around the world, including in the United States.
To protect and grow this drug trafficking empire, the Cartel has allegedly partnered with corrupt politicians and law enforcement officials, including the defendants, who have abused their authority in support of the Cartel, exposed and subjected victims to threats and violence, and sold out their offices in exchange for massive bribes. Indeed, certain police officials in Mexico, including, as alleged, certain of the defendants, have directly participated in the Cartel’s violence and retribution, including by murdering enemies of the Cartel and kidnapping individuals in Mexico suspected of cooperating with U.S. law enforcement in this investigation.
The defendants charged in this Indictment are current and former government or law enforcement officials in Sinaloa. As alleged, each of the defendants has participated in a corrupt and violent drug trafficking conspiracy with the Cartel to import massive amounts of fentanyl, heroin, cocaine, and methamphetamine from Mexico into the United States. The defendants have played a variety of essential roles for the Cartel: among other things, the defendants have allegedly shielded Cartel leaders from investigation, arrest, and prosecution; caused sensitive law enforcement and military information to be provided to members of the Cartel and allied drug traffickers to assist the Cartel’s criminal activities; directed members of state and local law enforcement agencies, such as the Sinaloa State Police, the Investigative Police for the Sinaloa State Attorney General’s Office, and the Culiacan Municipal Police, to protect drug loads stored in and transiting through Mexico to the United States; and allowed brutal drug-related violence to be committed by members of the Cartel without consequence. In exchange, the defendants have collectively received millions of dollars in drug money from the Cartel.
As alleged, the defendants have been most closely aligned with the faction of the Cartel run by the sons of Joaquin Archivaldo Guzman Loera, a/k/a “El Chapo,” the Cartel’s notorious former leader, who are themselves known collectively as the “Chapitos.” The defendants have operated at all levels of government and law enforcement in Sinaloa and each abused their positions of trust and authority to help facilitate the Chapitos’ operations. For example, ROCHA MOYA was elected Governor of Sinaloa, a position he has held since on or about November 1, 2021, after the Chapitos allegedly helped him get elected by, among other things, kidnapping and intimidating his rivals. In exchange, both before and after he became Governor, ROCHA MOYA allegedly attended meetings with the Chapitos, at which he promised to protect the Chapitos as they distributed massive quantities of drugs to the United States and, as Governor, ROCHA MOYA has allowed the Chapitos to operate with impunity in Sinaloa. Similarly, the other defendants have directly and repeatedly helped the Chapitos in exchange for massive drug-fueled bribes. For example, ZAAVEDRA, who is the Deputy Attorney General for the Sinaloa State Attorney General’s Office, has received approximately $11,000 U.S. dollars each month from the Chapitos and, in exchange, has protected Chapitos members from arrest and informed the Chapitos of planned U.S.-backed law enforcement operations.
Certain of the defendants are also alleged to have themselves directly participated in the Cartel’s campaign of violence and retribution. For example, MILLAN, a high-level commander in the Culiacan Municipal Police, allegedly received more than approximately $1,600 U.S. dollars each month from the Chapitos. In exchange, MILLAN gave the Chapitos unfettered access to the Culiacan Municipal Police and used officers from the police force to help the Chapitos maintain their control over Culiacan, including through arrests, kidnappings, and murder. In or about October 2023, MILLAN allegedly helped the Chapitos kidnap a DEA confidential source and the source’s relative, who the Chapitos then had tortured and killed, because the source was suspected of providing information to the Government in connection with this investigation.
* * *
This Indictment is the latest in a series of indictments issued in this District since 2023, charging more than 30 members and associates of the Cartel, including members of the leadership of the Cartel, for their involvement in distributing massive quantities of narcotics into the United States and related crimes, which has resulted in a meaningful disruptive impact on the Cartel’s drug trafficking operations.
A chart containing the charges and minimum and maximum penalties each defendant faces is below. All of the defendants are believed to currently reside in Mexico.
The statutory minimum and maximum penalties are prescribed by Congress and provided here for informational purposes only, as any sentencing of the defendants will be determined by a judge.
Mr. Clayton praised the outstanding investigative work of the DEA’s Special Operations Division, Bilateral Investigations Unit and the DEA offices in Mexico and Phoenix, as well as the assistance of the Office of International Affairs of the Justice Department’s Criminal Division, and the Government of Mexico. Mr. Clayton also thanked the U.S. Attorney’s Offices in the Northern District of Illinois and Southern District of California, and the Justice Department’s Money Laundering, Narcotics and Forfeiture Section.
Mr. Clayton also thanked the Homeland Security Task Force, a whole-of-government partnership dedicated to eliminating criminal cartels, foreign gangs, transnational criminal organizations, and human smuggling and trafficking rings operating in the United States and abroad.
This prosecution is being handled by the Office’s National Security and International Narcotics Unit. Assistant U.S. Attorneys Jane Y. Chong, Sarah L. Kushner, and David J. Robles are in charge of the prosecution.
The charges contained in the Indictment are merely accusations, and the defendants are presumed innocent unless and until proven guilty.
This case is part of the Homeland Security Task Force (“HSTF”) initiative established by Executive Order 14159, Protecting the American People Against Invasion. The HSTF is a whole-of-government partnership dedicated to eliminating criminal cartels, foreign gangs, transnational criminal organizations, and human smuggling and trafficking rings operating in the United States and abroad.
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Defendant |
Title |
Age |
Charges |
Minimum and Maximum Penalties |
|---|---|---|---|---|
| RUBEN ROCHA MOYA | Governor of Sinaloa | 76 | Narcotics importation conspiracy;
Possession of machineguns and destructive devices; Conspiracy to possess machineguns and destructive devices |
Life in prison; mandatory minimum of 40 years in prison |
| ENRIQUE INZUNZA CAZAREZ | Mexican Senator; former Secretary General for Sinaloa | 53 | Narcotics importation conspiracy;
Possession of machineguns and destructive devices; Conspiracy to possess machineguns and destructive devices |
Life in prison; mandatory minimum of 40 years in prison |
| ENRIQUE DIAZ VEGA | Former Secretary of Administration and Finance for Sinaloa | 50 | Narcotics importation conspiracy;
Possession of machineguns and destructive devices; Conspiracy to possess machineguns and destructive devices |
Life in prison; mandatory minimum of 40 years in prison |
| DAMASO CASTRO ZAAVEDRA | Deputy Attorney General for the Sinaloa State Attorney General’s Office | 54 | Narcotics importation conspiracy;
Possession of machineguns and destructive devices; Conspiracy to possess machineguns and destructive devices |
Life in prison; mandatory minimum of 40 years in prison |
| MARCO ANTONIO ALMANZA AVILES | Former head of the Investigative Police for the Sinaloa State Attorney General’s Office | 54 | Narcotics importation conspiracy;
Possession of machineguns and destructive devices; Conspiracy to possess machineguns and destructive devices |
Life in prison; mandatory minimum of 40 years in prison |
| ALBERTO JORGE CONTRERAS NUNEZ, a/k/a “Cholo” | Former head of the Investigative Police for the Sinaloa State Attorney General’s Office | 45 | Narcotics importation conspiracy;
Possession of machineguns and destructive devices; Conspiracy to possess machineguns and destructive devices |
Life in prison; mandatory minimum of 40 years in prison |
| GERARDO MERIDA SANCHEZ | Former Secretary of Public Security for Sinaloa | 66 | Narcotics importation conspiracy;
Possession of machineguns and destructive devices; Conspiracy to possess machineguns and destructive devices |
Life in prison; mandatory minimum of 40 years in prison |
| JOSE ANTONIO DIONISIO HIPOLITO, a/k/a “Tornado” | Former Deputy Director of the Sinaloa State Police | 55 | Narcotics importation conspiracy;
Possession of machineguns and destructive devices; Conspiracy to possess machineguns and destructive devices |
Life in prison; mandatory minimum of 40 years in prison |
| JUAN DE DIOS GAMEZ MENDIVIL | Mayor of Culiacan | 41 | Narcotics importation conspiracy;
Possession of machineguns and destructive devices; Conspiracy to possess machineguns and destructive devices |
Life in prison; mandatory minimum of 40 years in prison |
| JUAN VALENZUELA MILLAN, a/k/a “Juanito” | Former high-level commander in the Culiacan Municipal Police | 35 | Narcotics importation conspiracy;
Possession of machineguns and destructive devices; Conspiracy to possess machineguns and destructive devices; Kidnapping resulting in death; Conspiracy to commit kidnapping resulting in death |
Mandatory sentence of life in prison |
[1] As the introductory phrase signifies, the entirety of the text of the Indictment and the description of the Indictment set forth herein constitute only allegations, and every fact described should be treated as an allegation.
Nicholas Biase, Shelby Wratchford
(212) 637-2600
