En Miami y Washington no están hablando de un caso viejo: están desenterrando una herida que llevaba 30 años respirando a medias. El Departamento de Justicia de Estados Unidos abrió de nuevo el expediente del derribo de dos avionetas de “Brothers to the Rescue” en 1996, y esta vez el nombre que aparece al frente es el de Raúl Castro, junto a cinco exfuncionarios del régimen cubano.
Según la acusación, el 24 de febrero de 1996 dos aeronaves civiles fueron derribadas por cazas militares cubanos mientras volaban sobre aguas internacionales. En el ataque murieron cuatro personas: Carlos Costa, Armando Alejandre Jr., Mario de la Peña y Pablo Morales. Todos iban en una misión humanitaria que buscaba localizar migrantes en el mar.
El nuevo “superseding indictment” no solo revive el caso, lo endurece: acusa a los señalados de conspiración para matar ciudadanos estadounidenses, destrucción de aeronaves y homicidio. El documento señala que el operativo no fue improvisado, sino planeado con anticipación, con ejercicios militares previos para localizar aviones lentos y seguimiento de los vuelos de BTTR, organización basada en Miami.
De acuerdo con la fiscalía, agentes de inteligencia cubanos habrían infiltrado el grupo y transmitido información sobre sus rutas, lo que habría permitido coordinar el ataque. El día del hecho, los aviones fueron interceptados y derribados sin advertencia, según la versión presentada en el tribunal.
El discurso oficial en Estados Unidos es directo y sin matices: “si matas estadounidenses, te vamos a perseguir sin importar quién seas”. Así lo dijo el Departamento de Justicia al anunciar el caso, que también fue respaldado por el FBI y la Fiscalía federal en Florida.
En el papel, las penas van desde cadena perpetua hasta pena de muerte para los cargos más graves. Pero en la práctica, los acusados se encuentran fuera del alcance de la justicia estadounidense, lo que convierte este proceso en un expediente de alto voltaje político tanto como judicial.
El anuncio coincidió con un acto en el Freedom Tower de Miami, donde la comunidad cubanoamericana volvió a recordar a las víctimas. Tres décadas después, el caso no se cierra: se reactiva con más carga política, más memoria y la misma pregunta incómoda de siempre.
No es el mismo tema, pero sí va por la misma línea:
