Todo empezó como esos hallazgos que parecen abandono… pero olían a algo más pesado. En Ramos Arizpe, Coahuila, aparecieron 33 ferrotanques tirados, bajo el sol, sin dueño claro y con contenido desconocido. Lo que pintaba para susto industrial terminó jalando el hilo de una trama mucho más grande: una red de contrabando de hidrocarburos que, según la FGR, pudo haber pegado a la lana pública con más de 4 mil millones de pesos.
Los tanques no estaban para confiarse. Entre el calor y la incertidumbre de lo que traían adentro, representaban un riesgo serio. Así que se armó la revisión: muestras, peritajes y todo el show técnico para saber qué se estaba moviendo ahí.
Pero el asunto no se quedó en esos fierros olvidados. Al rascarle, la investigación se extendió a toda la ruta. Aparecieron más ferrotanques en San Luis Potosí y Nuevo Laredo, con el mismo truco: declarar solo el 10% de lo que realmente cargaban. Así, poco a poco, se fue armando el mapa del movimiento del combustible por tren.
La cosa escaló rápido. De un hallazgo aislado se pasó a detectar toda una operación con puntos de recepción, almacenamiento y distribución en varias partes del país. Y detrás, una empresa creada en 2018 en la Ciudad de México, con movimientos corporativos que fueron acomodando piezas clave con el paso del tiempo.
En ese entramado aparecen José “N” y Ernesto “N”, quienes fueron tomando peso dentro de la empresa, metiéndose en decisiones, representación legal y operación general. Según la investigación, ambos participaron en distintos movimientos corporativos y gestiones ligadas al negocio.
El expediente no está ligero: ya suman 96 datos de prueba, entre análisis químicos, mecánicos, documentación y estudios técnicos que buscan amarrar cómo operaba esta red. Incluso se habla de más de 4 mil operaciones irregulares en solo medio año, lo que dispara el posible daño económico.
Por ahora, hay personas vinculadas a proceso y la investigación sigue abierta. La FGR insiste en que no hay tintes políticos, que todo se sostiene en pruebas y que el proceso va conforme a derecho.
27 de julio, 2026 CDMX, Ciudad de México
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