La condena apunta a la familia Weinberg y empresas relacionadas, que ahora deberán soltar esa lana como reparación del daño patrimonial. Según Hacienda, hubo toda una red de personas físicas y morales que metieron mano en contratos públicos de manera indebida, movieron y ocultaron recursos, y se pensaron listos… hasta que llegaron los documentos, testimonios y pruebas internacionales que los dejaron sin escapatoria.

Este fallo no es el primero: en mayo de 2025, México ya había cobrado más de 2,448 millones de dólares contra García Luna y su esposa, sumando con este nuevo monto más de 3,067 millones de dólares recuperados. Así, Hacienda demuestra que va en serio cuando se trata de perseguir la corrupción y recuperar recursos que fueron robados al erario.

Pero no crean que los condenados solo van a pagar con números en papel: la sentencia obliga a entregar activos localizados en distintas jurisdicciones, que serán liquidados y aplicados para cubrir parcialmente la deuda. La UIF estará al pendiente de que esto se cumpla al pie de la letra, coordinándose con autoridades internacionales.

En resumen, mientras García Luna ya tiene su historial judicial, los que realmente sienten el golpe son los que lo rodearon y pensaron que podían salir limpios. México se lleva la mayor parte del pastel, y esta historia deja claro que, aunque la corrupción tenga conexiones poderosas, Hacienda y la UIF no bajan la guardia.

La Secretaría de Hacienda, a través de la UIF, obtiene nueva sentencia a favor del Estado mexicano por más de 578 millones de dólares en caso vinculado a Genaro García Luna

Comunicado No. 42

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Este 20 de mayo, la Secretaría de Hacienda soltó el dato: a través de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), se reforzaron acciones contra redes vinculadas al Cártel del Pacífico, luego de que autoridades de Estados Unidos pusieran bajo la lupa a 14 personas —12 físicas y dos empresas— señaladas por su presunta relación con lavado de dinero y tráfico de drogas.

El golpe no es menor. Según la información analizada, una de las redes operaba el lavado de dinero generado por la venta de fentanilo, pero no en efectivo como antes, sino usando criptomonedas. Es decir, dinero que no se ve, pero sí se mueve… y rápido.

Ahí entran operadores financieros y estructuras empresariales que, presuntamente, servían para esconder y dispersar recursos ilícitos a través de activos virtuales y operaciones comerciales. Todo bien armado, como quien lava lana pero con traje digital.

Pero no era la única jugada. También se detectó un segundo esquema donde los involucrados estarían ligados al tráfico internacional de drogas, al movimiento de efectivo entre México y Estados Unidos, y al uso de empresas para esconder el dinero sucio.

Del lado mexicano, la UIF ya se puso a revisar todo: análisis fiscal, financiero y corporativo de los señalados, buscando más redes, más conexiones y, si se confirma, meter las acciones legales que correspondan.

Este tipo de movimientos no se hacen solos. Por eso, Hacienda destacó que hay coordinación con autoridades de Estados Unidos para cerrar filas contra el uso del sistema financiero para actividades ilegales. La idea es clara: pegarle al dinero para debilitar a las estructuras criminales.

Porque al final, en este juego, no solo importa quién vende… sino quién mueve la lana.

La Secretaría de Hacienda, a través de la UIF, refuerza acciones contra redes vinculadas con lavado de dinero y tráfico de drogas relacionadas con el Cártel del Pacífico

Acá el chismecito completo:

Treasury Disrupts Sinaloa Cartel Narco-Terrorist Fentanyl Trafficking Operations

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El movimiento no llegó por arte de magia. Según el comunicado, todo arrancó cuando bancos detectaron operaciones y relaciones vinculadas con señalamientos hechos por autoridades de Estados Unidos. Es decir, el ruido vino de fuera… pero acá se prendieron las alarmas rápido. Y entonces pasó lo que pasa cuando el dinero empieza a oler raro: las instituciones financieras activaron protocolos y avisaron con carácter urgente.

Con esos reportes en la mano, la UIF decidió aplicar la clásica jugada preventiva: inmovilizar cuentas. Pero ojo, aquí viene el clásico “no es lo que parece, pero tampoco es casualidad”. Hacienda dejó clarito que este bloqueo no significa que ya sean culpables. Nada de sentencias ni culpabilidad comprobada. Es, según ellos, una medida preventiva para “proteger la integridad del sistema financiero”.

En otras palabras: no los están condenando… pero tampoco les están confiando ni un peso.

La lista no es corta ni menor. Además de Rocha Moya, aparecen nombres como Enrique Inzunza, Juan de Dios Gámez, Dámaso Castro y otros funcionarios cercanos. Todos etiquetados como “personas políticamente expuestas”, lo que en lenguaje de calle significa: gente con poder… y con lupa encima.

Así que el mensaje es claro: cuando el sistema detecta movimientos raros, no pregunta dos veces. Primero congela, luego investiga. Y mientras tanto, la feria queda en pausa… aunque nadie esté oficialmente culpado.

La Secretaría de Hacienda, a través de la UIF, informa sobre medidas preventivas de inmovilización a Personas Políticamente Expuestas de Sinaloa

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