En corto y sin rodeos: la lana quedó congelada. La Secretaría de Hacienda, a través de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), metió a diez personajes —entre ellos el gobernador con licencia de Sinaloa, Rubén Rocha Moya— en la famosa Lista de Personas Bloqueadas. ¿La razón? Alertas del propio sistema financiero que levantaron cejas… y sospechas.
El movimiento no llegó por arte de magia. Según el comunicado, todo arrancó cuando bancos detectaron operaciones y relaciones vinculadas con señalamientos hechos por autoridades de Estados Unidos. Es decir, el ruido vino de fuera… pero acá se prendieron las alarmas rápido. Y entonces pasó lo que pasa cuando el dinero empieza a oler raro: las instituciones financieras activaron protocolos y avisaron con carácter urgente.
Con esos reportes en la mano, la UIF decidió aplicar la clásica jugada preventiva: inmovilizar cuentas. Pero ojo, aquí viene el clásico “no es lo que parece, pero tampoco es casualidad”. Hacienda dejó clarito que este bloqueo no significa que ya sean culpables. Nada de sentencias ni culpabilidad comprobada. Es, según ellos, una medida preventiva para “proteger la integridad del sistema financiero”.
En otras palabras: no los están condenando… pero tampoco les están confiando ni un peso.
La lista no es corta ni menor. Además de Rocha Moya, aparecen nombres como Enrique Inzunza, Juan de Dios Gámez, Dámaso Castro y otros funcionarios cercanos. Todos etiquetados como “personas políticamente expuestas”, lo que en lenguaje de calle significa: gente con poder… y con lupa encima.
Así que el mensaje es claro: cuando el sistema detecta movimientos raros, no pregunta dos veces. Primero congela, luego investiga. Y mientras tanto, la feria queda en pausa… aunque nadie esté oficialmente culpado.
Secretaría de Hacienda y Crédito Público | 18 de mayo de 2026 | Comunicado
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